El director de 'El Inca' asegura que su largometraje pudo haber sido la producción nacional más vista en 2016. Un tribunal ordenó que la película sobre el boxeador Edwin Valero fuera retirada de las salas de cine.
Desde ayer El Inca dejó de ser una opción en cartelera. Una medida preventiva ordenó su retiro de las salas de cine del país con la intención de proteger la vida privada, el honor y la reputación de los hijos del boxeador Edwin “el Inca” Valero.
La película dirigida por Ignacio Castillo Cottin se estrenó el 25 de noviembre y hasta esta semana era el tercer filme venezolano más visto en 2016 con 14.258 espectadores. Sin embargo, el jueves se hizo público el mandato judicial enviado a exhibidores en el que se ordena la suspensión de la proyección. También prohíbe cualquier tipo de publicidad en los diversos medios. El hecho fue inmediatamente rechazado por cineastas, productores y críticos de cine, quienes lo calificaron de censura. "Es la primera película venezolana sacada de cartelera por decisión de un tribunal”, escribió en Facebook Pablo Gamba sobre la medida del Tribunal Segundo de Juicio del Circuito de Protección de Niños y Adolescentes de Caracas, que cita la Constitución y la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes para argumentar su decisión.
“Esta tarde entregamos en el tribunal el DCP master, que sirve para sacar las demás copias. Fue otra de las exigencias. Si permitieran proyectar mañana la película, no tendría cómo hacerlo. Los exhibidores se vieron obligados a borrar las que poseían”, contó el director, quien no duda que su filme iba a convertirse en el más visto del año.
Castillo Cottin señaló que el jueves en la tarde acudió al tribunal para darse por notificado. “Ahora tiene que haber una defensa, que ojalá sea pronto. Eso es lo extraño, que no nos dieron tiempo de defendernos. Nosotros estamos pensando en ir a otras instancias, como el Tribunal Supremo de Justicia. Hablamos de una violación de la libertad de expresión”.
Antes de que empezara a proyectarse el filme, familiares de Valero habían manifestado su rechazo. Uno de los hermanos del boxeador, Edwar, indicó que acudieron al Ministerio Público porque la cinta muestra al deportista como un delincuente y omite sus logros sobre el ring.
El realizador entonces se defendió: “El equipo trató de que los familiares vieran la película, pero no quisieron. Desde el principio intentamos demostrar que la historia no la presentamos como ellos creen”. Castillo Cottin, incluso, mencionó en sus declaraciones que las discrepancias comenzaron antes del rodaje porque la producción se negó a que uno de los hermanos del púgil fuera el protagonista.
El abogado defensor de Pa'los Panas Producciones, Bernardo Pulido, explicó que si una persona se siente agredida por la expresión de alguien debe demandar por calumnia, injuria o difamación. “De demostrarse, habría una reparación, que en este tipo de casos es monetaria. Además, si había una preocupación de que entraran niños y adolescentes a las salas había que volver a clasificar la película. El Inca era censura C. Otro elemento grave es que la medida embarga los beneficios económicos que generó”.
Propiedad intelectual
Juan Fernando Peñalver, abogado de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela, considera necesario no confundir el tema de los derechos de los hijos con la propiedad intelectual, como muchos lo han hecho en las redes sociales.
“En este caso no se puede hablar de propiedad intelectual. Hablamos de una persona, conocida o no, que no es un personaje creado como obra. No es una creación del intelecto, sino vivencias. Tal vez hay derechos que se tienen que proteger como persona, el derecho a la privacidad, pero no lo otro. Con respecto al Inca, hablamos de hechos notorios, que salieron en prensa. No hablamos de violación de este tipo de derechos de propiedad. Una persona pública se debe a los demás y renuncia un poco a su vida privada”, dijo Peñalver.
Casos pasados
El crítico de cine Rodolfo Izaguirre lamentó lo ocurrido con el filme del hijo del periodista Leopoldo Castillo. “Se suele pensar que la censura es un mal menor, pero no lo es. Aunque la Constitución prohíbe la censura, se sigue estableciendo de mil maneras. La más notoria hasta ahora había sido Ledezma, el caso Mamera (1981) de Luis Correa, quien estuvo unos meses preso en los años ochenta. Llegué a visitarlo porque fui su defensor, más allá de si el documental era bueno o no”, recordó Izaguirre sobre el crimen que cometió el agente de la Policía Metropolitana Argenis Rafael Ledezma. El filme no pudo ser proyectado en salas y el realizador fue acusado de apología del delito.
“Los adecos, socialdemócratas, se preocupaban mucho por la moral política del venezolano; mientras que los copeyanos, socialcristianos, se inquietaban por la salud moral. Por eso no les gustaban películas con desnudos o incestos”.
Izaguirre indicó que en los setenta un obispo de Maracaibo quiso prohibir la exhibición de Manuel de Alfredo Anzola. “Era la historia de un cura que tiene amores con una muchacha, pero al mismo tiempo simpatiza con unos sindicalistas. Otro caso fue El Cabito, sobre Cipriano Castro. La gente de Táchira se molestó porque pensaban que era un irrespeto al gentilicio de la región”.
El crítico relató también que cuando estuvo al frente de la Cinemateca Nacional, en los años sesenta, la institución siempre estuvo bajo observación por el tipo de largometrajes que proyectaba. “En el primer gobierno de Rafael Caldera fue puesta en entredicho. Hubo un decreto del entonces gobernador Carlos Guinand Baldó que exigía inscribir las películas en una inspectoría de espectáculos. Si eso no ocurría, tendría una sanción. Por ejemplo, si resultaba ser pornográfica, era decomisada, así como los instrumentos para su exhibición. Era tan monstruoso el decreto que no se pudo aplicar. La Cinemateca causaba molestias por filmes como El último tango en París u otros trabajos contestatarios, de carácter político, como La hora de los hornos. Ahora, esto que ocurre con El Inca me crispa. Este régimen es capaz de todo”.
La cineasta Elia Schneider recordó que tuvo problemas en 1995 durante el rodaje de Huelepega. “Fue en la calle real de Sabana Grande, apenas comenzamos a rodar una escena en la primera semana de filmación. Llegaron varios policías y una señora, que puso su mano frente al lente de la cámara, gritó que no podíamos seguir”.
En ese lugar tenían previsto grabar una parte de la historia en la que uno niños robaban comida de una panadería. “La mujer era representante del Instituto Nacional del Menor. Aseguró que no podíamos llevar a cabo lo que nos proponíamos porque los permisos de los niños eran del Ministerio de Trabajo y no de la institución que ella representaba. Aunque entonces la ley permitía que las autorizaciones fueran emitidas por alguno de los dos entes. Querían llevarse a los niños detenidos, entre ellos a mi hijo Joel Novoa. Nuestro abogado dijo que era una medida ilegal y fue a la sede del INAM a resolver el problema, pero igualmente nos ordenaron parar. Afirmaron que la discusión para saber si podíamos seguir o no tenía que ser en el Congreso”.
A pesar de lo ocurrido, la directora señaló que continuaron con el proyecto, aunque varias veces tuvieron que cambiar de locación porque los permisos otorgados eran revocados. “La discusión se dio en el Congreso. El CNAC en ese momento, bajo la presidencia de Abdel Güerere, tuvo una posición guabinosa. Los gremios tampoco dijeron nada. El nombre de la película se cambió en la claqueta. En la cuarta semana volvió a aparecer la representante legal del INAM con la policía, que subió a los niños a un autobús. Seguimos rodando dos semanas más después de este incidente con el temor de que en algún momento nos volvieran a detener. Hay escenas que no se pudieron rodar en ese momento y se hicieron dos años más tarde. En total, fueron cuatro años en esta situación. En 1999, cuando quisimos estrenar, nos dijeron que había una orden de no clasificar el filme por parte de todas las alcaldías del país. Igual, nada de esto sirvió para censurar Huelepega”.
Jonathan Jakubowicz, en entrevista con El Nacional en octubre, afirmó: “Cuando salió Secuestro express abrieron dos juicios, uno en contra de la película y otro en contra mía. Pedían de 6 a 10 años de cárcel. En La Hojilla se me insultaba frecuentemente y Chávez sugirió investigarme en su discurso de enero de 2006 en la Asamblea Nacional. En su opinión, la película ofendía a las Fuerzas Armadas al mostrar a un soldado homosexual”.
